Mediante sentencia 56-21-IN/23 del 9 de noviembre de 2023, la Corte Constitucional del Ecuador declaró la inconstitucionalidad de la Ley de Jubilación Especial de los Trabajadores de la Industria del Cemento, alegando que dicha norma es incompatible con el derecho a la seguridad social (en el elemento de disponibilidad) y el principio de sostenibilidad del sistema de seguridad social.

Señaló la sentencia que las fuentes de financiación previstas en la legislación sometida a revisión son insuficientes para asegurar que la pensión jubilar esté disponible para sus actuales beneficiarios y para los futuros trabajadores de la industria.

Esta sentencia afirma la regla del derecho de la función pública mediante el cual la jubilación es un derecho propio y fundamental de los funcionarios, que forma parte integral del principio de la carrera administrativa, y que las legislaciones sobre la materia deben garantizar que los medios de financiamiento para las situaciones pasivas de los funcionarios, esto es, las jubilaciones y pensiones, sean efectivos y no dependan de factores externos distintos al sistema presupuestario de la Nación.

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