Las nuevas tecnologías han ido cambiando la manera de entender al mundo. La relación humana, en cuanto a su comunicación y expresión ha mutado por los avances tecnológicos. El internet es hoy considerado un derecho humano fundamental, una herramienta básica de la educación, de la cultura, del entretenimiento. La globalización -como marco de esta revolución tecnológica llamada revolución 4.0- es un fenómeno que existe y es un hecho cierto, que llegó para no irse jamás. Y a raíz de ello, se han venido creando herramientas y aplicaciones que vienen a formar parte regular del mundo y de la vida de los ciudadanos.
Siendo que el Derecho debe ir de la mano con los cambios sociales, el Estado en su conjunto debe adecuarse a esos cambios, a esa innovación.
En particular, el impacto que pueden tener en la acción jurídica es la primera área de atención por parte de operadores y académicos, incluso de diferentes sectores del conocimiento. El big data, los algoritmos, y en general, la innovación tecnológica, son, sin duda, aspectos para la reflexión, no solo sobre la importancia de las nuevas tecnologías digitales en el ámbito del sistema jurídico sino sobre todo sobre el impacto conceptual que han tenido en la relación entre Administración Pública y el ciudadano.
Europa, Estados Unidos, Canadá, Nueva Zelanda y parte de Asia (especialmente Japón y Corea del Sur) han avanzado mucho en la tecnologización de su sociedad y su sistema jurídico.
Se vienen dando en esos países importantes avances mediante técnicas de automatización, inteligencia artificial, algoritmos, machine learning, deep learning, robótica, chatbots, clustering, redes bayesianas, arboles de decisión, redes neuronales, procesamiento de lenguaje natural, reconocimiento facial artificial mediante maquinas, entre muchos otros.
Algunas experiencias que resultan interesantes en este sentido: el uso de chatbots para atención y asistencia al usuario, como lo hace la Agencia Tributaria Española con el asistente virtual para Suministro de Información (SII) del impuesto al valor agregado, herramienta de ayuda para resolver dudas sobre la modificación de la base imponible; Jaume, el asistente virtual conversacional basado en inteligencia artificial de la Generalitat de Valencia, para dar respuesta a consultas de los empleados públicos; la calculadora de impuestos de la Administración Tributaria Francesa; el proyecto Savana del Servicio de Salud de Castilla La Mancha, en España, sistema inteligente de análisis de historias clínicas; el proyecto que viene adelantando la Universidad de Granada para, mediante inteligencia artificial detectar el virus COVID-19 mediante lecturas de radiografías con mayor precisión que lo harían los radiólogos humanos; el robot del Tribunal de Cuentas de Brasil que apoya al control posterior al hacer una monitorización del gasto público; el Algorithm Registrer del Ayuntamiento de Ámsterdam, para denuncias de mantenimiento de servicios públicos, vehículos estacionados irregularmente, entre muchos otros ejemplos que se están dando en diversos países.
En Londres han cambiado todas las paradas de los autobuses, mediante big data, detectando los movimientos reales de los ciudadanos, adaptando el sistema de transportes (paradas y recorridos de los autobuses) a sus necesidades; en materia de sanidad, hay un convenio entre la Universidad de Harvard y cientos de hospitales estadounidenses por el cual se intercambian los múltiples datos de monitoreo de los pacientes en cuidados intensivos, y con ese big data crearon un programa en el que un ordenador analiza los datos de un paciente y decide el tipo de intervención médica. En Dinamarca, la inteligencia artificial ayuda a salvar vidas al permitir a los servicios de emergencias diagnosticar paradas cardíacas u otras dolencias analizando la voz de la persona que llama. En Austria, ayuda a los radiólogos a detectar tumores con mayor precisión, al facilitarles la comparación instantánea de las radiografías con una gran cantidad de otros datos médicos.
Venezuela ha dado algunos pasos con la Ley de Infogobierno y la Ley de Firmas y Datos Electrónicos. Pero no hay mayor ejecución de automatización real de la Administración Pública. Hasta ahora, no hay procedimientos administrativos realmente telemáticos, mucho menos procesos autónomos. Solo, en todo caso, páginas web que reciben información de ciudadanos y algunos recaudos para dar citas a los fines que un funcionario reciba al ciudadano y prosiga con la actividad administrativa.
Las personas tienen hoy un escenario que los obliga a prepararse para la tecnologización de su relación con el sistema jurídico. Poco a poco, las Empresas deberán adecuarse a estos cambios, que irán mucho más allá de simples trámites automatizados -como el de obtener el RIF en la página del SENIAT- para adaptarse a decisiones tomadas mediante algoritmos.
En la reunión del Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo, que se realizó en Lisboa en agosto de 2020, se señaló: “La aceleración de las innovaciones digitales debe ser aprovechada aún más por los países para que la prestación de los servicios sea más rápida y eficaz. Es el tiempo de dar un salto cualitativo y empezar a trabajar con más intensidad en el uso de big data e inteligencia artificial para predecir, analizar y evaluar, tanto en la formulación como en la directa prestación de servicios públicos”.
Se debe entender la necesaria simbiosis de la tecnología y la innovación con el derecho y con el Estado, en un mundo globalizado y altamente digital, entendiendo que la innovación y la tecnología son solo un instrumento, y no un fin en sí mismo, siendo un error canalizar la innovación de la gestión pública solo por la vía de la renovación tecnológica. La innovación pública, sujeta al derecho, supone repensar, adaptar y transformar las políticas, los servicios, las arquitecturas institucionales y los planes de formación de los servidores públicos orientándolos al desarrollo de la cultura de innovación en función de las nuevas necesidades de los ciudadanos y buscar la máxima eficacia y eficiencia del sector público.
La innovación, en ese proceso de ideas, deberá generar nuevas formas de pensamiento y se posicione como una herramienta democratizadora, incrementando la eficiencia de sus procesos y ampliando la garantía de derechos de los ciudadanos.
Esto apunta al estado superior de la tecnología moderna, que es la inteligencia artificial, aplicada al derecho y a la Administración Pública. Cada revolución tecnológica ha traído consigo sus propias transformaciones, y la llamada revolución 4.0 que hoy inunda al mundo, trae a la inteligencia artificial como una realidad a la cual la Administración Pública, simplemente no puede esconderse.
Revolución 4.0 que, refiriéndose a la Administración Pública y sus actividades, describe la posibilidad de que el procedimiento de formación de la decisión administrativa se encomiende a un software, en el que se ingresan una serie de datos para llegar, mediante la automatización del procedimiento, a la decisión final, y que se caracteriza por el crecimiento en la cantidad de datos disponibles (y la inteligencia artificial se nutre de ellos) el incremento de la capacidad de las computadoras así como del almacenamiento y el desarrollo de nuevas técnicas de procesamiento de esos datos con el fin de hacer predicciones que, en general, la mente humana no puede hacer ni entender.
Mediante algoritmos, la Administración Pública podría tener la oportunidad de guiar el tráfico mediante semáforos operados por maquinas, vigilar espacios públicos con drones, encontrar terrenos más idóneos para la expropiación, determinar qué empresas deben ser inspeccionadas por la Administración Tributaria, realizar el concurso público para seleccionar funcionarios que ingresen a la Administración o selección de contratistas en contratos públicos.
En fin, múltiples formas tienen la Administración Pública y el derecho administrativo de mejorar sus procesos con las herramientas de la inteligencia artificial. En todo caso, la inteligencia artificial puede ser muy útil para el sector público con la automatización de tareas repetitivas que consumen tiempo, liberando a los empleados públicos de esas tareas (tecnología softbots); mejora de las decisiones públicas proporcionando información más precisa, pronósticos y predicciones que lleven a mejores resultados (aprendizaje automático); mejora de los servicios públicos mediante el uso de inteligencia artificial para proporcionar soluciones más cercanas y personalizadas (chatbots); simulación de sistemas complejos que permiten experimentar con diferentes opciones y detectar consecuencias no deseadas antes de tomar decisiones; reconocimiento de imágenes (redes neuronales artificiales).
Por último, no puede perderse de vista el hecho que el ser humano siempre será elemento fundamental en la tecnologización del derecho. La maquina nunca podrá actuar autónomamente, sino que siempre responderá a unos comandos creados por el hombre. Los algoritmos no nacen autónomamente, sino que son el resultado de una idea y unos parámetros humanos. Aquí, por tanto, el derecho, como creación cultural, es el limite de la tecnología.
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