El internet es una herramienta indispensable para el ejercicio de la libertad de expresión, el acceso a la información, la educación, la participación ciudadana y el desarrollo humano. Sin embargo, no todos los países reconocen el internet como un derecho humano, ni garantizan su acceso universal, asequible y de calidad.

Aquí analizaremos muy brevemente el marco normativo internacional y regional sobre el internet como derecho humano, así como los desafíos técnicos y jurídicos que implica su efectiva realización.

El marco normativo internacional sobre el internet como derecho humano se basa en los principios de la Declaración Universal de Derechos Humanos y los pactos internacionales de derechos civiles y políticos, económicos, sociales y culturales.

El 4 de julio de 2018 (ONU) adoptó la resolución sobre los derechos humanos en Internet; las nuevas tecnologías de la información y comunicación son elementos clave para la promoción, protección y disfrute de los derechos humanos en Internet. La resolución refuerza la trascendencia de la protección y garantías para el ejercicio de los derechos humanos en línea.

El documento oficial reconoció los derechos de las personas a estar protegidos en Internet, en particular la libertad de expresión. De conformidad con el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Exhortó a los Estados a que promuevan y faciliten el acceso a Internet y el desarrollo de medios de comunicación en todos los países. Decidió seguir examinando la promoción, la protección y el disfrute de los derechos humanos, incluido el derecho a la libertad de expresión, en Internet y en otras tecnologías, así como la forma en que Internet puede ser un instrumento importante para el desarrollo y para el ejercicio de los derechos humanos.

Estos instrumentos establecen que toda persona tiene derecho a la libertad de opinión y expresión, a buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, a la educación, a participar en la vida cultural y a disfrutar de los beneficios del progreso científico.

Al respecto, señaló el relator especial de la ONU, Frank La Rue: “La única y cambiante naturaleza de internet no sólo permite a los individuos ejercer su derecho de opinión y expresión, sino que también forma parte de sus derechos humanos y promueve el progreso de la sociedad en su conjunto”.

Incluso, recientemente, el Secretario General de las Naciones Unidas, António Guterres, destacó en su informe de 2021 el esfuerzo mundial necesario para retomar el camino hacia la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible, señaló específicamente la necesidad de un acceso universal a Internet para 2030 como un derecho humano básico, entre otras áreas temáticas.

Estos derechos se aplican también al entorno digital, tal como lo han reconocido diversos organismos internacionales, como la Asamblea General de las Naciones Unidas, el Consejo de Derechos Humanos, la UNESCO y la UIT.

El marco normativo regional sobre el internet como derecho humano se basa en las convenciones regionales de derechos humanos, como la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos y la Convención Europea de Derechos Humanos.

Estas convenciones protegen los mismos derechos que los instrumentos internacionales, pero con un mayor grado de especificidad y exigibilidad.

Así, por ejemplo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que el acceso al internet es una condición necesaria para el ejercicio pleno de la libertad de expresión y que los Estados tienen la obligación de garantizarlo sin discriminación.

El Internet es una herramienta importante en la promoción del derecho a la educación, sin perder de vista la necesidad de abordar la alfabetización y la brecha digital como elementos que puedan afectar el disfrute del derecho a la educación.

La ONU al momento de acordar que el internet es un derecho humano, ha pedido a los gobiernos a que adopten medidas oportunas para que el acceso a las nuevas tecnologías no deje fuera a las personas con discapacidad, por ello, considera necesario diseñar, desarrollar, producir y distribuir sistemas de información que se adapten a este grupo social

Los desafíos técnicos y jurídicos para la realización del internet como derecho humano son múltiples y complejos. Entre ellos se encuentran: la brecha digital entre países desarrollados y en desarrollo, entre zonas urbanas y rurales y entre grupos sociales vulnerables; la censura, el bloqueo y la vigilancia en línea por parte de actores estatales y no estatales; la protección de la privacidad, los datos personales y la seguridad cibernética; la promoción de la diversidad cultural y lingüística; la garantía de la neutralidad de la red; y la participación democrática e inclusiva en la gobernanza del internet.

La ONU en su momento señaló que los actores del sector privado deben guiarse por el derecho internacional de los derechos humanos y tomarlo como base para sus políticas de moderación de contenido, así como asegurar y proteger la confidencialidad de las comunicaciones digitales, permitiendo el cifrado y el anonimato en línea.

La ONU ha expresado preocupación sobre la recolección, retención, procesamiento y uso o revelación de datos en Internet que pueda violar o abusar los derechos humanos, al mismo tiempo que urge a los Estados a tomar las medidas necesarias para prevenir, mitigar y remediar violaciones a los derechos humanos que resulten de estas prácticas de explotación, así como condena a las formas de censura y ataque a la libertad de expresión en Internet, como los apagones de Internet, y las indebidas restricciones a la libertad de opinión y expresión en línea que violan el derecho internacional, además, señala con preocupación que éstas impactan en las mujeres, niñas y otros individuos que viven múltiples y transversales formas de discriminación.

En conclusión, el internet es un derecho humano que implica tanto libertades como responsabilidades. Como dice la ONG venezolana PROVEA, hoy el internet, más que un servicio es un derecho (https://provea.org/actualidad/internet-mas-que-un-servicio-es-un-derecho/).

Su reconocimiento y garantía requiere de un marco normativo sólido y coherente, así como de una cooperación internacional efectiva y respetuosa de los principios de universalidad, indivisibilidad e interdependencia de los derechos humanos.

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